Luis Lacalle Pou. Foto: Caras y Caretas.

“Ley Ajuste” de Lacalle Pou incluye pedido de recortes en el Estado y expulsión de los docentes en las decisiones de la educación pública

La exclusión de los delegados de los docentes en los organismos de la educación, romper la obligatoriedad de la inclusión financiera y la primera reducción del gasto fiscal, son los tres objetivos de la Ley de Ajuste que Luis Lacalle Pou quiere rodar en los primeros días de su eventual gobierno, si accede a la presidencia.

La primera mención es a “cambios en la gobernanza del sistema educativo”. La modificación más importante es la incorporación de dos consejeros más en cada órgano deliberativo de la educación (Anep, Ceip, Ces, UTU y Cef; por su orden, gobernanza de toda la educación, primaria, secundaria, educación técnica y formación docente).

El 27 de junio dijo a Radio Sarandí que “no dejará que participen los sindicatos como gobernantes”, en alusión a esta modificación. Su principal asesor, Pablo da Silveira, indicó que los sindicatos son los principales responsables del fracaso en la educación porque “trancan todo”.

Que los delegados de los docentes sean expulsados de los órganos de decisión en el sector educativo no es menor. Por ejemplo, el casi candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, Robert Silva, volvió a la arena pública porque ocupa un cargo en el directorio del Consejo Directivo Central que los docentes organizados eligieron. Silva fue secretario general del organismo entre 1995 y 2005.

En cuanto a la inclusión financiera, la idea del grupo blanco de liberales es que los usuarios de servicios financieros opten si ingresan a los programas de inclusión financiera o no. No aclaró cómo permanecerían en la economía legal las operaciones que hoy incorpora este programa, que incluye la formalización de transacciones, la formalización del pago de salarios, el alquiler de grandes superficies comerciales o residenciales, el comercio electrónico, el descuento de cuatro puntos porcentuales de IVA y el acceso a crédito para el consumo a las tasas más bajas del mercado.

Finalmente, según el artículo de El Observador, el inicio del fiscalazo liberal comenzaría con esta ley, donde se exhortará a la administración central y a los entes autónomos a “ahorrar lo más que se pueda”.

Blancos piensan en acuerdos pero no pueden coordinar 500 votos con los colorados

El principal obstáculo de esta iniciativa es que requerirá de acuerdos parlamentarios para su aprobación. La primera prueba de coordinación entre los partidos políticos tradicionales fracasó: el partido de la Concertación precisaba 500 votos para proseguir pero faltaron 14 votos. En las listas de la Concertación participaron 750 postulados, es decir, ni siquiera se votaron a ellos mismos.

Según el colorado Adrián Peña, el sector de Larrañaga no cumplió. Pero desde Todos, del Partido Nacional, ellos cumplieron y faltaron votos del Partido de la Gente y de los colorados.

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