MPP insiste con ajustar prebendas al 0,6% de estatales como “señal ética”

Que ningún salario sea mayor al del presidente de la República, por ley. Esta primera propuesta incluye a todas las áreas estatales. La segunda es generalizar el sistema único de ingreso por concurso a la función pública para los sectores que no lo tienen (intendencias y sistema judicial y de control administrativo).

Limitar por ley la cantidad de adscriptos a 5 y un secretario por ministro. Y también reducir la cantidad de funcionarios que trabajan con el presidente en régimen de pase en comisión de 15 a 10; de 10 a 5 para los ministros e intendentes, de 5 a 3 por legislador. Además, que docentes, médicos y enfermeros, policías del escalafón ejecutivo (los que patrullan) y militares no puedan acceder a este régimen.

También propone un impuesto a los salarios de cargos políticos y de confianza del 15 %. Que los excedentes del Fondo Nacional de Recursos (Fonasa) no sean devueltos a los salarios de los cargos políticos y de particular confianza. A esto se suma la propuesta de obligatoriedad de presentar las cuentas al día del BPS y la DGI.

El MPP quiere que el sistema político acuerde una ley que destine todos los inmuebles vacíos estatales a viviendas.

El último informe sobre vínculos laborales con el Estado resume los números de 2017. En total hay 297.601 vínculos de funcionarios públicos. De ellos, los cargos P (escalafón de los cargos políticos) y Q (cargos de particular confianza) totalizan 1.780. Es decir, el 0,598% de los vínculos estatales.

La Intendencia de Maldonado ocupa el primer lugar del ranking de cargos de particular  confianza Q, con 108 puestos. Esta intendencia es dirigida por el precandidato blanco por Más País, Enrique Antía. Pero le sigue la Intendencia de Canelones con 84 cargos, gobierno departamental orientado por Yamandú Orsi del MPP.

Lejos, en un escalón entre los 30 y 40 cargos de confianza, aparecen en orden de mayor a menor: la Intendencia de Montevideo (36, Daniel Martínez, Partido Socialista), la Intendencia de Cerro Largo (34, Sergio Botana, Más País), la Junta Departamental de Salto (33, Andrés Lima, Baluarte Progresista), y el Ministerio del Interior (32, Eduardo Bonomi, MPP).

Los puntos 11 y 12 de la propuesta refieren a dos cuestiones vinculadas a la participación de empresas en algunas actividades estatales, que será analizado en otro artículo de La Ventana.

https://mpp.org.uy/en-defensa-de-la-politica/

https://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/observatorio/documentos/2017/Informe%20v%C3%ADnculos%20completo%202017.pdf

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