El gasto público es el problema del país, según Un Solo Uruguay, pero este año especificó el tono del reclamo. Fueron enfáticos en pedir que los funcionarios públicos puedan “removerse”, y “revisar sueldo” y “partidas extra” de jerarcas, legisladores, sus secretarios y asesores. En vez del ajuste fiscal, regla fiscal. Gasoil a precio de paridad de importación no apareció este año, pero sí la importación de biocombustible. No hay mención a políticas sociales.
La primera propuesta de este año fue la regla fiscal, en la proclama del año pasado fue la décima mención. La segunda fue parecida: de un genérico “revisar los cargos de confianza” pasó a limitarlos a 3 por jerarca. Además, añadió un apéndice político partidario: “respetando obligatoriamente la representación de la oposición” en los directorios de empresas públicas.
También se repite, pero en otro orden y con otro peso, el problema de la cantidad de funcionarios públicos. En 2018, querían suspender el ingreso por tres años; en la actual, por cinco, y que se abra la posibilidad de echar funcionarios según el cumplimiento de la tarea.
Del también genérico “Aprobar rendición de viáticos y devolución obligatoria de los sobrantes” pasó a mencionar al Poder Legislativo: “transparentar el gasto. Todo aquel funcionario o legislador que reciba viáticos o partidas específicas debe rendir cuentas y devolver el sobrante obligatoriamente”.
El año pasado solicitaron que se suspendan las partidas para comprar prensa, comunicación por celular, contratación de secretarios y gastos de representación. Este año incluyó la revisión de sueldos y partidas extras a todos los legisladores y jerarcas que ingresan por cuota política en la administración central y en las empresas públicas.
De recortar la flota pasó a parar la mitad de los autos, excepto los que se dedican a salud y seguridad. Algo similar pidieron el año pasado, porque buscaban el recorte de 14.000 a 7.000 vehículos, la mitad.
No hay mención a políticas sociales. Tampoco al monopolio de Ancap, pero sí a la participación de empresas subsidiarias de las estatales, como por ejemplo Alur, que elabora productos de caña de azúcar como biocombustibles. La primera mención es directa: modificar la ley de biocombustibles para que se pueda importar lo que se incorpora a las mezclas con combustible fósil. La segunda es el control y transparencia de las subsidiarias; en el gobierno pasado, el grupo de empresas formadas por Ancap estaba integrado por 18 empresas.
Tampoco se mencionó bajar el precio de energía eléctrica un 15%, medida que el gobierno dispuso el año pasado. Reperfilar las deudas, brindar períodos de gracia, armar paquetes de renegociación de deudas, quedó en 2018 y no apareció en 2019. Suspender las ejecuciones y expulsiones de colonos, así como exoneraciones para este grupo, faltaron a la cita.
https://revistalaventana.net/2018/01/23/las-propuestas-del-campo-una-por-una/
https://es.scribd.com/document/398093764/Proclama-USU#from_embed