Decir que un policía no puede hacer nada sin un fiscal es un error, aseveró Jorge Díaz

Muchas veces hemos recibido reclamos de parte de la población acerca de que en las dependencias policiales dicen que no pueden realizar ninguna investigación si no tienen orden previa del fiscal, pero esto es un error jurídico que se debe erradicar rápidamente.

Díaz sostiene que algunos policías tienen temores que deberían poder disiparse con correcciones normativas mínimas para establecer claramente que un policía puede actuar sin orden del fiscal si está sujeto a ley.

Con esto se erradicaría definitivamente “del discurso de la autoridad policial esta cuestión de que se tiene las manos atadas y de que no se puede hacer nada sin intervención del fiscal”.

Por ejemplo, una de las normas que ha servido como fundamento de esta posición de que no se puede hacer nada, es el artículo 49.1 del Código del Proceso Penal, que dice: «La Policía Nacional, la Prefectura Nacional Naval y la Policía Aérea Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia, serán auxiliares del Ministerio Público en las tareas de investigación y deberán llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, de conformidad con las instrucciones que les impartan los fiscales».

Este artículo aparentemente ha dado pie a alguna interpretación que indica que si no hay instrucción del fiscal no se puede hacer nada. Creo que la mera lectura del mismo parece indicar otra cosa, pero si efectivamente hay una norma que admite algún tipo de interpretación que lleve a la inacción, debería ser rápidamente corregida.

En ese sentido, este artículo tiene dos cuestiones conceptuales. Una de ellas es que cuando enumera la Policía nacional, la Prefectura Nacional Naval y la Policía Aérea nacional, debería agregarse: y cualquier otra autoridad administrativa que tenga competencias de policía judicial. Por ejemplo, hay otras reparticiones del Estado, llámese Dirección General de Aduanas, Dirección General Impositiva, Intendencias Departamentales –en relación con determinadas represiones–, Ministerio de Salud Pública –en lo que tiene que ver con los delitos contra la salud–, que de alguna manera cumplen la función de policía y pueden auxiliar al ministerio público en cada una de sus órbitas de competencia.

Es cierto que sobre la Policía nacional recae la mayor cantidad de trabajo, pero así como la prefectura y la policía aérea tienen sus responsabilidades, también hay otras. Cuando hablamos de policía judicial, no hablamos del órgano policía judicial, sino de la función de aquella autoridad administrativa que auxilia al ministerio público encargado de la investigación.

La otra modificación –que parece clara– es que si se expresa «de conformidad con las instrucciones que le impartan los fiscales» debería interpretarse como de conformidad con las normas legales vigentes. Creo que con eso resolveríamos el problema de que no se requiera una orden estricta de naturaleza judicial.

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/documentos/versiones-taquigraficas

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