Medios insisten con disputa entre Bonomi y Suprema Corte, pero fiscal Díaz los acusó de hacer solicitudes inconstitucionales

El fiscal de Corte Jorge Díaz se metió con fuerza en el debate por la forma de ejecutar las investigaciones penales en Uruguay, y además afirmó textualmente que instalar el Código Procesal Penal de la forma en la cual pidió la Suprema Corte de Justicia es “inconstitucional” e “inconveniente”. En alusión a la reunión entre la SCJ y el presidente Vázquez, dijo que la Fiscalía estará preparada para el cambio “sin excusas ni pretextos”.

El Ministerio del Interior y la Fiscalía de Corte firmaron un memorándum para trabajar en conjunto hacia la aplicación plena del nuevo Código Procesal Penal Acusatorio (CCPA) en febrero de 2017. El fiscal de Corte Jorge Díaz aseguró que la institución que dirige trabajará a pleno para ejecutar el nuevo código, que el trabajo hasta el momento fue sin recursos y con mucha voluntad política y que instalar el CCPA por partes es inconstitucional e inconveniente.

Mientras, la prensa opositora considera que el debate más importante incluye a la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior. Dos medios periodísticos de la capital señalan la relación de la SCJ y el Presidente Tabaré Vázquez como una “luna de miel” afectada por la tensión entre los jueces y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Sin embargo, la principal crítica fue la del fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien aseguró que para la investigación de un delito hay que coordinar a los cuatro pilares contra el crimen, que definió en la prevención, la conjuración, la investigación criminal y la persecución penal. Díaz afirmó textualmente que esa alineación “no será posible mientras la dirección de las investigaciones las tengan los jueces”.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia solicitó al presidente Tabaré Vázquez que el nuevo Código Procesal Penal Acusatorio sea implementado primero en los juzgados del interior y luego en la capital. Díaz se opone, argumentando que esto rompe el principio de igualdad: un procesado por el mismo delito puede pagar cárcel preventiva dependiendo del departamento en el cual se cometió el delito, lo que para Díaz demuestra que es una solicitud “con visos de inconstitucionalidad”, que calificó como una decisión “inconveniente”.

Integrantes de la SCJ. Foto: El País.
Integrantes de la SCJ. Foto: El País.

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