Estudiantes respaldan tratamientos de rehabilitación y trabajo en reclusos

La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) emitió un comunicado de prensa donde enfatiza la necesidad de “reflexionar sobre la inflación penal característica de nuestro sistema, donde cualquier infracción se castiga con cárcel, lo que genera hacinamiento” cuando “en el mundo se practican con éxito medidas alternativas, experiencias de justicia restitutiva, que debemos empezar a mirar con mayor atención”.

Este ministerio del Interior ejecuta tareas de rehabilitación con diversos reclusos para que éstos se integren a la sociedad mediante valores como el trabajo y la educación. En estos días se conoció por parte de las autoridades de dicha cartera, que el trabajo que se viene haciendo en el Penal de Punta de Rieles, hasta el momento, ha dado sus frutos. El director del Centro de Rehabilitación Punta de Rieles, Rolando Arbesún, había informado que el nivel de reincidencia hasta setiembre en liberados de la cárcel donde trabaja, apenas alcanza el 2%.

Por otro lado, el jefe de la Oficina Nacional de Policía Comunitaria Insp. Mayor (R) Sergio Guarteche, dijo que basados en el ejemplo español, en del departamento de Canelones desde el 2005 “potenciamos nuevamente la Policía Comunitaria con la creación de una oficina técnica formada por un equipo de profesionales -sociólogos, psicólogos, maestros- que apoyaron la gestión”.

En 1995 se había comenzado a trazar este camino aunque agregó que ahora “hemos trabajado muy fuerte con la interna policial que por naturaleza y desconocimiento mayormente de la alta dirección y mandos medios no hemos contado con el apoyo necesario. Pero poco a poco vamos ganando espacio, entendimiento y aceptación”.

El comunicado a la opinión pública de la FEUU:

La semana pasada, entre el 22 y 23 de octubre, se produjo un motín en el módulo 1 del COMCAR. Del informe presentado por el Comisionado Parlamentario Dr. Álvaro Garcé, se desprende que 2 personas privadas de libertad fueron asesinadas, y otras 44 resultaron con heridas de diversa índole y gravedad, además de 1 funcionario, también herido, producto de la represión con munición letal efectuada a los efectos de contener el motín. Del informe también se desprende que fueron disparados más de 1500 proyectiles no con el objetivo de advertir o disuadir, sino de herir a las personas privadas de libertad, en ese momento amotinadas.

Es un aforismo popular el decir que el valor moral de una sociedad se mide en cómo trata a sus miembros más débiles, entre ellos, las personas privadas de libertad. No son novedosas las paupérrimas condiciones de encierro en que viven las personas privadas de libertad por delitos comunes tanto mayores como menores, primarios (como una de las víctimas citadas) y reincidentes. Basta consultar los numerosos informes de diversos organismos de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales, o incluso la propia producción del Comisionado Parlamentario, para constatar esta situación.

De esa consulta también surgirá que si bien esta realidad es la más extendida en nuestro sistema penal, no es universal. Aquellos reos de lesa humanidad, culpables de los crímenes más terribles de la historia del país, responsables de la desaparición, asesinato, tortura de miles de personas, del recorte de la libertad de expresión, de grandes crímenes económicos y de otro sinfín de atrocidades, descansan pacíficamente en la cárcel de Domingo Arena, atiborrados de lujos, guardados por sus compañeros de armas. Tanto ellos como los que todavía están afuera, tanto militares como civiles, siempre atentos a poner palos en la rueda de la Verdad, cuentan con la plena confianza y seguridad de que jamás tendrán que soportar las penurias que se imponen a aquellos que cometen delitos comunes, en caso de que alguna vez sean alcanzados por la Justicia.

Tenemos la convicción de que la cárcel, como señala la Constitución de la República, no debe servir para mortificar. Resulta paradójico que, a nivel regional, en uno de los países con menores índices de delincuencia, exista una de las tasas de prisionización más alta (la segunda después de Chile). La cantidad de personas privadas de libertad no deja de crecer, mientras que las condiciones de hacinamiento, ejecuciones extrajudiciales, escaso acceso a la salud y a la educación, violencia cotidiana entre reclusos y desde las autoridades no mejoran. Sin embargo, los uruguayos nos sentimos cada vez más inseguros. Es hora de que reflexionemos sobre esta práctica social, que no parece contentar a nadie. Debemos reflexionar sobre la educación de nuestros cuerpos policiales, reclamando la remoción de los funcionarios implicados en los hechos que motivan esta declaración, pero debemos ir más lejos. Debemos reflexionar sobre la inflación penal característica de nuestro sistema, donde cualquier infracción se castiga con cárcel, lo que genera hacinamiento. En el mundo se practican con éxito medidas alternativas, experiencias de justicia restitutiva, que debemos empezar a mirar con mayor atención. De continuar como venimos, sólo podemos esperar más de lo que tenemos: más personas privadas de libertad en peores condiciones, nuevos incidentes como el motín de la semana pasada y un sentimiento de inseguridad todavía sin resolver”.

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