Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual eliminará monopolios

En el artículo 42 del título V “Diversidad y Pluralismo” del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, establece que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia”. En este sentido, se creará un registro de servicios de comunicación audiovisual a los efectos de “asegurar la transparencia en la titularidad” de dichos servicios.

Además, señala que “una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad, total o parcial, de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos para prestar servicios de radiodifusión abierta en la misma banda de frecuencias (AM, FM, TV), en todo el territorio nacional”.

Por otra parte, el artículo 47 prevé las incompatibilidades que pudieran surgir ante la propiedad de los servicios de comunicación audiovisual. En este sentido, se plantea que “las personas físicas o jurídicas que son titulares totales o parciales de servicio de comunicación audiovisual no podrán ser, a su vez, titulares totales o parciales de cualquier permiso, autorización o licencia para prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”.

El objetivo de este artículo es el de evitar la penetración trasnacional y extranjera que a nivel continental está llevando a cabo empresas como Telefónica.

También se promueve la producción audiovisual nacional, es decir que la televisión abierta y para abonados deberán “incluir en su programación programas de producción nacional”.

En los servicios de TV comerciales el 60% de la programación total deberá ser de producción o coproducción nacional, descontando la publicidad. En los servicios de TV públicos también.

Añade: “Un mínimo de 2 horas por semana de la programación emitida deberán ser estrenos de ficción televisiva y o películas cinematográficas, y de ésta, al menos un 50% deberá ser de producción independiente”.

El decreto de la dictadura permitía hasta 3 medios por persona. Con este proyecto se establece la cantidad de titularidad sobre los medios no por persona sino por grupo económico. Si se comprueba que se tiene más del 10% de las acciones de otros medios, habrá sanciones.

Para evitar la concentración habrá que pagar por el uso de la frecuencia. Las radios del interior están exoneradas, al igual que los canales cable de las localidades de hasta 20 mil habitantes. Se pretende favorecer a los más pequeños, ofrecer una mayor pluralidad, más ofertas, en base a una mejor distribución del espectro radioeléctrico.

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