El Estado creará un consejo audiovisual y sistema de medios públicos

En el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales (SCA) se menciona la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), “con el objetivo de proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas públicas a los Servicios de Comunicación Audiovisuales”, asesorando al Poder Ejecutivo. A esto se suma un sistema de medios públicos y una figura de un defensor ciudadano.

El CCA deberá “promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y los derechos culturales de todas las personas y de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual”.

Otro aspecto valioso de dicho proyecto tiene que ver con la creación del Sistema Nacional de Radio y Televisión Público del Uruguay (SNRTVP), como persona pública no estatal, y que tendrá la finalidad de operar y dirigir los servicios de radiodifusión de radio y de televisión públicos, además de “brindar programaciones de radio y televisión abierta para todos”.

Implicaría agendar el interés político de los temas públicos que preocupan a la vida de un país: la paz, la democracia, la justicia social, la protección del medio ambiente, los derechos de las minorías, la inclusión social, los ciudadanos uruguayos en el exterior, la ciencia, las artes, la tecnología, la historia, la cultura. Y todo de carácter nacional.

Por otro lado, se creará la figura del defensor de los ciudadanos ombudsman, ante el papel de los medios, que tiene “el cometido de defender y promover los derechos de las personas reconocidas en esta Ley”.

A modo de ejemplo, recordemos la información que había proporcionado un noticiero sobre una presunta acusación de violación de un padre sobre su hija. Si bien el parte médico no establecía esa conjetura, un sector de la prensa afirmó equivocadamente la primera versión, lo cual provocó que el padre de la menor fuera objeto de intentos de agresión por parte de personas de su comunidad.

En el literal e) del artículo 75 dispone que esta figura podrá “recibir y tramitar denuncias sobe el eventual apartamiento de los servicios de comunicación audiovisual regulados por esta Ley, respecto de las disposiciones que reconocen y garantizar el derecho de las personas”, por lo cual lo ciudadanos podrán dirigirse a éste para formularle “quejas, opiniones y sugerencias”, tal cual establece el artículo 76.   

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