La ley de la Democracia de Servicios de Comunicación Audiovisual derogaría un decreto-ley de la Dictadura Militar

Por tanto, su artículo 181 deroga el decreto-Ley 14.670 del 23 de junio de1977, firmado por Aparicio Méndez, presidente de facto, miembro del Consejo de Estado y por Walter Ravenna, ministro de Defensa de aquel entonces y uno de los firmantes, junto a Juan María Bordaberry, del decreto que oficializara el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

El proyecto de ley “SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”, es un nuevo marco normativo cuyo objetivo es el de “regular los servicios de Radio, Televisión y otros Servicios de Comunicación Audiovisual”. Rechazar el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Parlamento es permitir que continúe vigente dicho decreto dictatorial.

Desde hace 30 años rige al sistema de medios en Uruguay una normativa de la dictadura. Los 9 artículos no refieren a ningún tipo de regulación, excepto la obligación que los medios tienen de solicitar autorización para transmitir. Contradecir esto acarreaba el cierre del medio. La DINARP era el organismo controlador de todas las disposiciones de este decreto de la década del setenta.

En cambio, el proyecto de ley progresista plantea reglas claras que permitan generar un sistema de medios armónico, basado en el “ejercicio del derecho a la libre expresión de informaciones y opiniones”, tal cual consigna el literal a) del artículo 6.

Además, establece que deben existir garantías del derecho a las personas “a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones”; “facilitar el debate democrático”; promocionar “el conocimiento de las producciones culturales uruguayas, las artes, las ciencias, la historia y la cultura”, entre otras disposiciones.

En este sentido, el artículo 7 dispone los alcances y límites del Estado en la regulación. Y dice: “La potestad del Estado de regular los servicios de comunicación audiovisual debe entenderse en el marco de su obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas. El ejercicio de las facultades del Estado frente a los medios de comunicación debe hacer posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión y nunca será utilizado como una forma de censura indirecta”.

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