No legalizar el aborto es permitir el delito

hombres solos
En el semanario Búsqueda del 30 de mayo de 2013 el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, dijo que “estoy dispuesto a votar la despenalización del aborto en la medida que separemos el concepto de despenalización del concepto de legalización”. Intentemos demostrar la fragilidad del argumento que se esgrime de manera central en la campaña que comanda junto a un grupo de hombres, de cara al 23 de junio, día en que los ciudadanos podrán votar si quieren, ya que no es obligatorio.

Abdala quiere revisar la ley de interrupción del embarazo en dos partes: no criminalizar a la mujer, lo cual coincide con la ley vigente, pero no darle rango legal a una práctica que se sabe que es usual.

Según cifras proporcionadas por el observatorio de la ONG MYSU (Mujer y Salud en Uruguay), en nuestro país “se estimó que para el año 2003 unos 33 mil abortos anuales voluntarios” fueron llevados a cabo.

Para Abdala estas mujeres no serían criminales pero como reconoce la existencia de dicha práctica, de lo contrario no apelaría a despenalizarlo, es consciente de que las mujeres podrían abortar de manera no legal… ¿asistidas por qué entidad? La respuesta es clara. Si no es legal y entonces no está permitido por el ordenamiento jurídico pero sabemos que la práctica abortiva ocurrirá, según el entendido de Abdala, debiera realizarse fuera del derecho. Y lo que está fuera del derecho es el mercado negro, lo no regulado, la no intervención del Estado, la no cobertura, la desprotección. La clínica clandestina, entonces el delito.

O Abdala no sabe lo que dice o sabe y no le interesa la mujer.

El Pastor Lisandro Orlov, de la Iglesia Luterana Unida en Argentina y Uruguay responde indirectamente a la propuesta de Abdala: “Es indispensable garantizar a las mujeres que han elegido interrumpir su embarazo, la efectiva posibilidad de que esa voluntad, libremente formada, se realice en condiciones análogas a aquellas en las que ocurren todas las otras prácticas médicas”.

Orlov pertenece a una congregación de la Iglesia Evangélica Valdense que en 2004 había emitido un comunicado a la comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores, especificando que si bien en diferentes medios de información se había expresado “conceptos equivalentes a que la Iglesia Evangélica del Uruguay se opone al Proyecto de Ley de despenalización del Aborto, o los evangélicos del Uruguay rechazan el proyecto de Ley, el Grupo de Bioética de la Iglesia Evangélica Valdense cree necesario expresar y transmitir en primer lugar a todos los miembros del Senado (…) la comisión de Representatividad Evangélica del Uruguay (CREU) no representa en absoluto a la Iglesia Evangélica Valdense”.

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